Martes, 11 de febrero de 2020 - DGI

-Transportistas colegiales deben utilizar facturas pre impresas-

Más de 1,500 transportistas de buses escolares del país, tendrán que cambiar las tarjetas de cobros y migrar a las facturas pre impresas que exige la Dirección General de Ingresos (DGI), del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con motivo de la aplicación de la ley que deduce los gastos escolares en beneficio de los contribuyentes y dependientes.


La DGI informó hoy a los dueños de buses colegiales del cambio en una reunión convocada por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en vista que en las próximas semanas se iniciará el período escolar 2020, en la que miles de padres de familias contratan estos servicios colegiales, por lo que deben ajustarse a las nuevas circunstancia y realidades que exige la ley.


En el pasado período escolar, los padres de familia firmaban una tarjeta como constancia de los pagos que realizaban a los transportistas, pero esta modalidad deberá cambiar este año al entrar en vigencia la Ley 37 de 5 de junio de 2018, que permite que los gastos escolares sean deducibles del Impuesto Sobre la Renta.


Los expertos de la DGI explicaron que la Ley 37 les permite a los padres de familia deducir de la matrícula, los útiles escolares, uniformes (camisa, pantalón, zapatos, correas, entre otros gastos) y el transporte, hasta por un monto de 3,600 balboas por cada dependiente.


Estas compras y servicios tienen que ser presentadas ante la institución con factura pre impresa original, como elemento esencial para poderse acoger al beneficio de la deducibilidad de los gastos escolares, lo que obliga a los transportistas de colegiales actualizar sus métodos de cobro para poder mantenerse en este sistema.


La dirigencia transportista señaló que esperan que la nueva ley, que no solo los obliga a utilizar otros métodos de cobro, sino también a realizar declaraciones de Renta, que les permitan salir del sistema aquellos transportes escolares piratas, que no cumplen con lo que determina las leyes panameñas para el transporte de niños y jóvenes.