Recursos que proceden ante un proceso de cobro coactivo


En el procedimiento Administrativo Fiscal proceden únicamente los siguientes recursos:


1. El de reconsideración, ante el funcionario de primera instancia, para que aclare modifique o revoque la resolución objeto del recurso. En atención a la cuantía de la multa, del alcance, de la controversia, cuando la misma sea igual o superior a cien mil balboas (B/.100,000.00), el contribuyente, solicitante afectado, a su opción, podrá interponer su recurso de reconsideración ante el administrador de la DGI.


2. El de apelación, ante el organismo o funcionario superior que de conformidad con la Ley deba tramitarla, con el mismo objeto.


El acto administrativo que resuelve el recurso de apelación agota la vía administrativa. Agotada esta vía, el contribuyente podrá accionar ante la jurisdicción contencioso administrativa de la Sala Tercera Administrativa o cualquier otro recurso establecido en el Procedimiento Administrativo General.


1. Recurso de reconsideración deberá ser sustentado dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución objeto del recurso.


2. El recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia y su acto confirmatorio deberá ser sustentado dentro de los quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de la resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Art 1238-A modificado en Ley 8 del 15 de marzo de 2010).


El contribuyente tiene derecho, desde la notificación de la resolución objeto del recurso, a solicitar una relación exacta y detallada del objeto sobre el cual se ha expedido la resolución, ante el funcionario que la dicto, quien está obligado a darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. En ningún caso esta solicitud suspenderá los términos para la sustentación de los recursos. Artículo 1239 Modificado en la Ley 8 del 15 de marzo de 2010.


Junto con el escrito de sustentación de recurso de reconsideración, el recurrente deberá presentar y aducir todos los medios de prueba reconocidos por el procedimiento Administrativo General establecido en la Ley 8 de 2000, las cuales serán evaluadas previamente por el funcionario competente o asignado el caso, a los efectos de admisión o rechazo, evacuación o practica de ellas.


El organismo o funcionario competente también podrá decretar de oficio la práctica de pruebas que estime convenientes, siempre que sean de las admisibles por el procedimiento administrativo General establecido en la Ley 38 de 2000.


Estas pruebas deberán ponerse en conocimiento del interesado, quien dentro de término de ocho (8) días hábiles, para alegar respecto de ellas lo que estime conveniente.


La prueba testimonial solo podrá consistir en declaraciones rendidas extra juicio ante Juez de Circuito o Notario y deberán ser presentadas junto con la sustentación del Recurso de Reconsideración o Apelación en los casos que fuera admisible. Podrán ser ratificadas o ampliadas por el funcionario del conocimiento cuando este estime conveniente hacerlo. (Artículo 1240-A Ley 8 15 de marzo de 2010).


Hasta que no entren funcionamiento el Tribunal Administrativo Tributario, la resolución de primera instancia emitida por los funcionarios fiscales será apelable ante el organismo o funcionario superior que de conformidad con la Ley deba tramitarla. Art 1240-B/Ley 8 del 15 de marzo de 2010.


Con el escrito que formaliza la apelación, no podrán presentarse otros documentos distintos a los que a continuación se detallan:


1. Que sean de fecha posterior al escrito en que se formuló la reclamación en primera instancia


2. Los anteriores, que no hayan sido posible adquirir con anterioridad por causas que no sean imputables a la parte interesada. Siempre que se hubiere hecho oportunamente la designación del archivo o lugar en que se encuentren los originales, o se haya hecho la solicitud y no se haya hecho la solicitud y no se haya entregado por la entidad correspondiente. Artículo 1240-C modificado ley 8 de 15 de marzo de 2010.


En segunda instancia, únicamente se admitirán al recurrente las pruebas que se hallen en algunos de los siguientes casos:


1. Cuando se hubiese denegado indebidamente su admisión por el funcionario de primera instancia.


2. Cuando por cualquier causa, no imputable al que solicita la prueba, esta no hubiese sido admitida o no hubiese podido practicarse en la primera instancia;


3. Cuando hubiere ocurrido algún hecho nuevo de influencia en la decisión del expediente con posteridad al escrito en que se formuló la reclamación en primera instancia. Art 1240-D modificado Ley 8 del 15 de marzo de 2010).


El recurrente deberá dirigir y sustentar el recurso de apelación mediante la presentación del escrito correspondiente ante el organismo o superior jerárquico que conforme a la ley deba resolverlo, quien en un término no mayor de diez (10) días hábiles deberá solicitar el expediente al funcionario de primera instancia.


El funcionario de primera instancia deberá enviar el expediente solicitado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al que recibió la solicitud. (Art 1240-E de la Ley 8 del 15 de marzo de 2010).


Siempre que el funcionario de primera instancia envíe al funcionario u organismo superior que corresponda de conformidad con la ley de un expediente que haya sido objeto de recurso de apelación , si esta no suspende la ejecución del acto administrativo apelado, hará constar en el oficio remisorio que se han tomado las disposiciones convenientes para darle cumplimiento. (Art 1240-F modificado Ley 8 del 15 de marzo de 2010).


El organismo o funcionario superior que de conformidad con la Ley deba tramitar un recurso de apelación, podrá ordenar la práctica de las pruebas que juzgue necesarias para la acertada resolución del asunto, debiendo, cuando ejercite tal facultad, poner estas pruebas en conocimiento del interesado para que dentro del plazo de ocho días hábiles alegue respecto de ellos lo que estime procedente.


Este mismo plazo para alegar se concederá al apelante cuando se hubiesen practicado pruebas de conformidad con el artículo anterior. (Art 1240-G modificado Ley 8 del 15 de marzo de 2010).


Una vez dictada una resolución basada en un precepto legal que el funcionario competente considere nocivo para los intereses del Fisco, deberá informar a la autoridad competente exponiendo las observaciones que estime pertinentes y tiendan a justificar la reforma o derogatoria de la disposición aplicada.


La tramitación de los recursos de apelación, sometidos a la consideración del Tribunal Administrativo Tributario, se llevará a cabo conforme las normas establecidas en el Procedimiento Fiscal Ordinario, establecido en el Código Fiscal y en los vacíos que tenga dicho procedimiento se aplicaran las normas del Proceso Administrativo General establecido en la Ley 38 de 2000.


Únicamente, las resoluciones administrativas que reconozcan o declaren un derecho a favor de un contribuyente, podrán ser modificadas o revocadas de oficio, aun cuando se encuentren en firme, previa autorización escrita a la DGI o el funcionario a quien este se delegue, siempre que la misma tenga lugar por los siguientes supuestos:


1. Si la resolución fuese emitida sin competencia para ello;


2. Cuando el beneficiario de la resolución haya incurrido en declaración o haya aportado pruebas falsas para obtenerla;


3. Si el afectado consiente en la revocatoria de la resolución


4. Cuando se compruebe que la resolución ha sido emitida con error de cálculo, error aritmético o por inexistencia de una norma jurídica que reconozca o sustente el otorgamiento del derecho.


Las modificaciones solo podrán darse en el evento que se haya concedido un derecho en detrimento del Fisco.


En contra de la decisión de modificación o revocatoria, puede el interesado interponer, dentro de los términos correspondientes, los recursos que reconoce el Código Fiscal.


La facultad de modificar o revocar de oficio un acto administrativo no impide que cualquier tercero interesado pueda solicitarla, fundado en causa legal cuando el funcionario administrativo no lo haya hecho.


En el evento de que el funcionario decida que no hay fundamento para revocar o anular el acto administrativo interpuesto por un tercero, dicha decisión no admite recurso administrativo alguno.


No se admitirán en la segunda instancia las pruebas que se hallen en los casos enumerados en los artículos 1240-C y 1240-D de este Código. (Artículo 125 de la ley 8 del 15 de marzo de 2010).


Solo se admitirán en la segunda instancia las pruebas que se hallen en los casos enumerados en los artículo 1240-C y 1240-D de este Código.


En la segunda instancia se aplicará lo dispuesto en el artículo 1240-G de este Código.


Todos los procesos que estén en grado de apelación dentro de la DGI, deberán ser remitidos al Tribunal Administrativo Tributario. PROCEDIMIENTO FISCAL ORDINARIO, al Título del Libro Séptimo del Código Fiscal, contentivo del artículo 1242-A.


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